El 3 de mayo de 2017 se cumplen setenta años de la entrada en vigencia de la Constitución de Japón de la posguerra, un documento que fue redactado por juristas estadounidenses y presentado a las autoridades provisionales del archipiélago en noviembre de 1946. Desde septiembre de 1945, tras la firma del armisticio de Japón con las potencias Aliadas en el USS Missouri, hasta la firma en 1951 del Tratado de Paz de San Francisco, el territorio nipón fue administrado y supervisado por los Estados Unidos. La figura descollante del primer período como supervisor fue el General Douglas MacArthur, quien ocupó esa posición hasta que pasó a encabezar las fuerzas militares de la ONU en la Guerra de Corea.
Con el propósito de democratizar y desmilitarizar a la sociedad japonesa, las autoridades de ocupación impusieron una serie de iniciativas constitucionales, legislativas, económicas y sociales. Una de ellas fue, pues, un nuevo texto constitucional que reemplazara a la Constitución de la Era Meiji, de 1889, establecida en tiempos del Emperador Mutsuhito. La antigua arquitectura constitucional colocaba a las fuerzas armadas bajo la supervisión directa del emperador, sin que el poder civil -Parlamento o Gabinete de Ministros- pudiese intervenir. De acuerdo a la nueva Constitución de 1947, el emperador pasaba a ser un monarca constitucional al estilo británico, símbolo de la unidad nacional y del pueblo japonés. El artículo más significativo del nuevo texto, no obstante, era el noveno: Japón se imponía una restricción constitucional a no utilizar la fuerza bélica para la resolución de los conflictos internacionales, salvo en el caso de su propia defensa, y a no contar con fuerzas armadas permanentes. Tras decenios de expansión militar a costa de sus vecinos -guerra sino-japonesa de 1894-1895, guerra ruso-japonesa de 1904-1905, anexión de Corea entre 1910 hasta 1945, invasión de Manchuria a partir de 1931 e invasión de China a partir de 1937 hasta 1945, invasión de Filipinas, la actual Indonesia, Asia Sudoriental, Hong Kong, Singapur, Malasia e islas del Pacífico durante la segunda guerra mundial-, el país del sol naciente era observado como agresor y opresor en Asia Oriental y el Sudeste asiático. Los crímenes cometidos por sus fuerzas invasoras han quedado fuertemente impregnados en la memoria, por lo que el Japón renacido debió optar por la vía pacífica tras la segunda conflagración planetaria, a fin de poder reconstruir su sociedad y economía con cimientos nuevos, en el marco de la democracia liberal y la economía de mercado. De allí que la Constitución pacifista de 1947 tuvo y tiene gran adhesión de la población nipona.
Sin embargo, al comenzar la guerra fría se conformó en los años cincuenta una fuerza de auto-defensa y, con el correr de los decenios, fue volcando crecientes cantidades del presupuesto nacional en el desarrollo de un escudo anti-misiles para resistir eventuales ataques de sus vecinos más próximos. Tras la disolución de la Unión Soviética, en Japón se manejan tres hipótesis de conflicto, a saber: 1) Corea del Norte, 2) la República Popular de China y 3) un misil lanzado por error o por problemas de mantenimiento desde la Federación de Rusia.
La intensificación de la carrera armamentista en Asia Oriental ha servido para que el primer ministro japonés Shinzo Abe pudiera impulsar una reinterpretación del artículo 9 de la Constitución, a fin de que se le permitiera involucrarse en la "auto-defensa colectiva" de las operaciones militares de los Estados Unidos en el Océano Pacífico, junto a Australia, Corea del Sur y la India. La convergencia de intereses militares y políticos de la Federación de Rusia y la República Popular de China no pasa inadvertida para el gobierno japonés, a pesar de los intentos de acercamiento al presidente Vladímir Putin por parte del primer ministro Abe. En septiembre de 2016 se realizó el primer ejercicio naval conjunto de rusos y chinos en el Mar de China del Sur, lo que ubica al gobierno de Moscú como un socio estratégico de Beijing en el Pacífico. Con Rusia (y antes la URSS), los gobiernos japoneses de la posguerra vienen sosteniendo el reclamo de cuatro de las islas Kuriles. Shinzo Abe ha propuesto al presidente Putin una fuerte inversión para modernizar las regiones orientales de Rusia, y luego negociar la reintegración de las cuatro islas, una iniciativa que se va diluyendo con el tiempo. Con la República Popular China, en los últimos años cobró relevancia la disputa por las islas Senkaku/Diaoyu, en posesión nipona.
En este contexto, la ley de reinterpretación de la Constitución japonesa fue ampliamente apoyada por el Partido Demócrata Liberal japonés, aprobada en septiembre de 2015. Por primera vez desde entonces, el lunes 1° de mayo de 2017 una nave portahelicópteros, el Izumo, y otras tres embarcaciones sirven de apoyo a la flota estadounidense que ingresó en la región, a fin de disuadir al gobierno norcoreano en sus pruebas de misiles balísticos.
El premier Shinzo Abe es un partidario de enmendar la Constitución japonesa y el escenario de escalada bélica en la región acompaña sus pretensiones. Sería, entonces, la primera reforma al texto constitucional. Pero una enmienda del artículo 9 requiere la aprobación de los dos tercios de cada cámara legislativa, y luego un referendum por simple mayoría. Esta rigidez entra en colisión con la velocidad que querría el primer ministro para hacer esta reforma que, de acuerdo a la reciente encuesta de Kyodo News, es apoyada por el 49% de los consultados, en tanto que el 47% se manifiesta por el rechazo. Hoy el primer ministro Abe podría contar con la mayoría calificada en las dos cámaras del Parlamento, y el nuevo aniversario de la entrada en vigor de la Constitución es una fecha simbólica para reflexionar sobre la cláusula pacifista. Es, claramente, una idea controvertida pero que ha ido ganando apoyo aceleradamente en una sociedad que se siente cada vez más vulnerable en un vecindario conflictivo.
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